Pelloni: “San Luis es una provincia silenciada por el evidente encubrimiento que manifestaron las investigaciones provinciales”

“Ayer martes 14 de diciembre se cumplieron seis meses del secuestro de nuestra querida Guadalupe mientras participaba del cumpleaños de su tía en la provincia de San Luis; una provincia silenciada por el evidente encubrimiento que han manifestado las investigaciones realizadas por las instituciones provinciales”, dice en el comienzo el escrito que difundió la referente de la organización Red Infancia Robada, Martha Pelloni.

Recordó que en septiembre un equipo de fiscales federales solicitó investigar la desaparición de Guadalupe bajo la hipótesis de explotación sexual y lavado de dinero.

También apuntó al “notorio silencio y desaparición de la sociedad” de la presidenta de la Fundación “María de los Ángeles”, Susana Trimarco. La mamá de Marita Verón llegó a San Luis para dar apoyo y asesoramiento legal a la familia de la nena.

Planteó que “es claro el interrogante sobre la actitud del Gobierno y sus instituciones (policial y judicial)”, que tuvieron a cargo la investigación hasta el 9 de diciembre, cuando se oficializó el traspaso de todas las averiguaciones al fuero federal. Esto se dio porque la principal hipótesis indica que Guada no está en San Luis. La carátula pasó de “solicitud de paradero” a “averiguación de privación ilegítima de la libertad y/o apropiación de otros”.

“El manto de sospecha sobre el encubrimiento es evidente en la sociedad, y no solo de San Luis sino en todo el país que está pendiente del reclamo de búsqueda”, añadió.

Tuvo en cuenta que en “unos días más” comenzará la feria judicial, y que después de seis meses en San Luis se vive incertidumbre y con “el temor por lo peor”.

Sostuvo que como organización social la Red de Infancias Robadas adhiere a los objetivos expresados por los fiscales federales que investigan, entre ellos “los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de búsqueda de personas desaparecidas”. El 1° de octubre, por primer vez los funcionarios judiciales apuntaron a la hipótesis de “posibles delitos sexuales” relacionados con la desaparición de la menor.

Propusieron central el trabajo en determinar “efectiva y adecuadamente si la desaparición se vincula con algún delito contra la vida, la integridad física, la integridad sexual, o la libertad, que a su vez puede significar, la configuración de otros delitos complejos, múltiples y de carácter acumulativos”.